Mayoría del Congreso de Veracruz aprueba cuenta pública 2022
Xalapa, Ver.- En sesión extraordinaria, los diputados de Morena, Fuerza Por México y Partido del Trabajo (PT) aprobaron la Cuenta Pública del 2024, en el que se detectó un daño patrimonial de mil 503 millones 890 mil pesos, de los cuales mil 300 millones corresponden a los Ayuntamientos,
Los diputados del partido Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) calificaron como “suspicaz” los criterios para la elección de las muestras de auditoría, en la que se percibe la politización y que algunos entes estatales hagan un trabajo “impoluto”. El dictamen se aprobó con 36 votos a favor y 7 en contra.
El PRI, en voz de Marlon Ramírez Marín, cuestionó el hecho de que él detectó una red de empresas fantasma y en la cuenta pública, que revisó el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) no observó la asignación de contratos a una red de 50 empresas.
Todo es perfectible: Comisión de Vigilancia
Al fijar el posicionamiento, el presidente de la comisión de Vigilancia, Rafael Fararoni Magaña, aseguró que la fiscalización en Veracruz, donde participa el Órgano de Fiscalización, se lleva a cabo ajena a cualquier compromiso político o de grupo.
Es importante significar que el daño patrimonial en la obra pública alcanza el 62.30% en entes municipales y en el caso de los entes estatales un 14.04%. Esto se debe, en gran parte, por falta de dictámenes, permisos, licencias o validaciones requeridas para la ejecución de estas obras, es decir, las obras existen, pero algo faltó en trámites o documentación.
Por lo anterior, anunció que van a revisar la problemática y desde la Comisión de Vigilancia y el ORFIS se implementarán más acciones para corregir “estas deficiencias”.
“Quienes integramos esta Comisión proponemos al ORFIS hacer más intenso el trabajo de capacitación, principalmente con autoridades municipales, pues existe la necesidad de solventar correctamente el manejo de finanzas, gastos, servicios personales y generales para evitar observaciones”.
Adelantó que habrá una reforma integral que reduzca tiempos, ofrezca información adecuada y vigile correctamente el uso de los recursos públicos.
PAN votó en contra de la Cuenta Pública
Al fijar el posicionamiento del PAN, la diputada Verónica Pulido mencionó que la información se presenta a cuentagotas y acotada, por lo que los diputados no están al tanto de cómo se ejerce el dinero público. Pidió al Orfis una comunicación con todas las fuerzas políticas y no solo con la comisión de Vigilancia, “corresponde a todo el Congreso”.
Reprochó que la comisión de Vigilancia monopoliza la información, relegando a las minorías que no saben nada del Orfis hasta que se presenta el informe, sin comunicación, ni información de cómo se gasta lo que se aprueba cada año.
“La opacidad es característica del gobierno en turno. El Orfis -que apoya al Congreso en el desempeño de la Función Fiscalizadora- debe promover el control, la transparencia y rendición de cuentas en los órganos fiscalizables, pues fue creado para generar un equilibrio entre el poder y la autoridad, entre la aplicación de la norma y las necesidades de la población”.
No se mide con el mismo rasero a todos: PRI
Finalmente, Marlon Ramírez Marín valoró “sesgado” el proceso de elección de las muestras para ser auditadas y revisadas cuando él encontró un tema que podría ser irregular, como parte de la asignación de contratos por más de mil 500 millones de pesos en la Secretaría de Salud de Veracruz que necesitaría la observación desde el Orfis y la comisión de vigilancia.
“No puedo sino poner a consideración del pleno que, me parece suspicaz, que de los más de 140 mil millones del presupuesto solo dos secretarías salieron con observaciones, la Sedema y Sedarpa, luego, los organismos descentralizados salen con 171 millones de pesos, y los Ayuntamientos salen con mil 300 millones”.
Y solo 17 Ayuntamientos y dependencias del Estado salen en blanco; aunque se debe hacer prevalecer la presunción de inocencias, muchos presidentes municipales se quejan de que, las observaciones son por deficiencias en la legislación local, ha sido una discusión recurrente, de la falta de validación de las dependencias del gobierno o del Estado, y se tipifica como daño patrimonial.
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